La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO), en alianza con la firma Sectorial, publicó recientemente un estudio de cartera que evidencia el grave deterioro financiero que atraviesa la industria en Colombia. Sus hallazgos confirman que esta crisis repercute en todo el sistema de salud, comprometiendo su sostenibilidad y poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos y procedimientos para millones de pacientes.
El informe señala que la cartera de los afiliados de AFIDRO alcanzó los 4,6 billones de pesos a finales de 2024, evidenciando un volumen significativo de la deuda. De este valor, el 76 % era cartera corriente, $1 billón era vencida, y más del 3,33 % contabilizaba más de 366 días. Asimismo, señala que la cartera con los gestores farmacéuticos fue de $3.1 billones. Y que, el 85,48 % correspondía a tecnologías UPC (28,66 % vencida) y el 14,52 % a PM (10,05 % vencida).
El panorama para este año es aún más alarmante:
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Tan solo en el primer trimestre del 2025, la cartera de la industria alcanzó los $ 4,3 billones, de los cuales 61,8 % corresponde a deuda corriente.
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De esta cartera, $2.7 billones corresponde a los gestores farmacéuticos, lo cual representa más del 60 % de la deuda.
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El mayor peso continúa estando en las tecnologías reconocidas por la UPC con un 83,7 % (38,92 % vencida), mientras que los PM corresponden a un 16,4 % (11,65 % vencida).
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Los días de recuperación de cartera de los actores pasaron de 125 días al cierre de 2023 a 154 días para el primer trimestre de 2025.
Alejandro Escobar de Sectorial mencionó: “Estas cifras reflejan un deterioro significativo en la dinámica de pago, lo cual dificulta la planeación operativa del sector que debe seguir operando y prestando servicios pese a la creciente morosidad. Hay, sin duda, una grave situación de liquidez que imposibilita, a todos los que hacen parte del engranaje del Sistema, cubrir sus obligaciones financieras, por lo que se alimenta la desconfianza misma entre los actores. Estamos frente a una asfixia financiera que se ha convertido en el mayor obstáculo para garantizar el acceso a la salud de los pacientes y usuarios”.
Uno de los factores estructurales que explica el problema de desfinanciamiento es el insuficiente ajuste del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025. El informe revela que, aunque entre enero y abril se giraron 29,8 billones —un 6,29 % más que en el mismo periodo de 2024—, este aumento no refleja de forma adecuada las necesidades ni las dinámicas propias del sistema de salud.
Por otro lado, se encuentra la disminución del 5,14 % en los recursos asignados para financiar tecnologías no incluidas en la UPC (Presupuestos Máximos). Este rubro pasó de $1,22 billones en los primeros cuatro meses de 2024 a $1,16 billones en el mismo periodo de 2025. Además, una porción considerable de estos recursos se ha destinado al pago de deudas acumuladas, lo que restringe aún más la capacidad de respuesta frente a las necesidades actuales y alimenta el crecimiento de la cartera vencida.
Para mejorar la situación financiera del Sistema, AFIDRO ha propuesto:
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Crear mesas de trabajo con el Gobierno, aseguradoras, prestadores de salud y expertos para hallar soluciones basadas en datos actuales.
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Modernizar la metodología de cálculo de la UPC para tener en cuenta la demanda creciente, los cambios epidemiológicos y el envejecimiento poblacional.
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Fortalecer la disponibilidad y claridad de la información financiera para una gestión más eficiente de los recursos.
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Explorar nuevas fuentes de financiación como bonos de impacto social, asociaciones público-privadas, seguros inclusivos, obras por impuestos y la utilización de regalías para la inversión en salud.
Ignacio Gaitán, presidente de AFIDRO, afirmó: “Resolver la crisis del Sistema de Salud exige poner el foco en su causa principal, que es la falta de financiamiento. Por ello, desde AFIDRO hacemos un llamado a retomar el diálogo entre todos los actores del sector, con el fin de construir soluciones sostenibles que estabilicen el flujo de recursos, garanticen la continuidad en los tratamientos y permitan proporcionar una adecuada atención en salud. Solo a través de una acción coordinada será posible evitar una crisis mayor y proteger el derecho de los pacientes a una atención digna y oportuna”.
